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Historia de Chile: La Guerra del Pacífico.

Ibáñez: su camino a la moneda y su gobierno

        
El presidente Alessandri no pudo poner en vigencia el nuevo texto constitucional, pues las relaciones entre él y los militares se hacían más difíciles día a día, en especial las que mantenía con su ministro de Guerra, Carlos Ibáñez. Había llegado la hora del enfrentamiento de los dos grandes caudillos políticos de la primera mitad del siglo XX.

Ante una potencial candidatura presidencial de Armando Jara-millo, ministro del Interior y amigo de Alessandri, el coronel Ibáñez exigió y logró que aquel renunciara al cargo que ejercía.

A los pocos días, un grupo de personalidades ofreció apoyar una candidatura del coronel, la que este aceptó. Alessandri le solicitó la renuncia al ministerio, a lo que Ibáñez se negó. El gabinete en pleno presentó su dimisión, queriendo así presionar al coronel para que hiciera lo mismo. Ibáñez se negó en forma terminante a abandonar su cargo, y en una carta que envió a Alessandri expresó que tenía el deber de velar por el cumplimiento del programa revolucionario.

En lo que equivale a un verdadero golpe de Estado, Ibáñez agregó en esa carta que, dada su calidad de único ministro en funciones, el presidente debía enviarle todas sus resoluciones para que las firmase, pues los preceptos constitucionales exigían, para que tuviesen validez legal, la firma de un miembro del gabinete.

Al presidente solo le quedaban dos salidas. Una era presentar su renuncia, con lo cual Ibáñez, como único ministro en función, asumiría la vicepresidencia. La otra era designar a un nuevo ministro del Interior para que lo reemplazara. Optó por esta última, nombrando a su ex contendor en la elección de 1920 y también miembro de la comisión que había elaborado la nueva Constitución, Luis Barros Borgoño, quien, ungido como vicepresidente, se vio obligado a mantener a Ibáñez en su cargo.

Finalmente, el coronel decidió ceder su candidatura a Emiliano Figueroa Larraín -quien ya había ocupado la vicepresidencia en 1910- y que resultó victorioso en las elecciones.

Figueroa gobernó el país desde 1925 hasta 1927. En el gabinete conformado por el nuevo presidente tuvo gran preponderancia el coronel Ibáñez, quien conservó su cargo de ministro de Guerra y más tarde fue nombrado ministro del Interior. Desde esta cartera, se esforzó por hacer realidad los objetivos fundamentales de la intervención militar, actuando en defensa del régimen establecido para lograrlo. En 1927 se suscitó un grave conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, cuando el gobierno -que era ejercido por Ibáñez, ya que el presidente se encontraba con licencia- declaró vacantes varios cargos judiciales.

La Corte Suprema, y en especial su presidente, Javier Ángel Figueroa, hermano del titular del Ejecutivo, se opuso a esta determinación, que violaba la independencia de los poderes del Estado establecida en la Constitución. Ante ello, el ministro ordenó su arresto domiciliario, situación que provocó la renuncia de Emiliano Figueroa. Ibáñez llamó a elecciones para el 22 de mayo, 16 días después de que el Senado aprobase la renuncia del primer mandatario.

En las elecciones presidenciales de mayo de 1927, Ibáñez obtuvo el 98 por ciento de los votos. Apenas asumió el cargo, se abocó a la reestructuración de la administración pública e inició un vasto programa de obras públicas, sobresaliendo la pavimentación del camino que une Santiago y San Antonio, y el de la Gran Avenida, que une San Bernardo con la capital.

Se crearon instituciones tales como Carabineros de Chile (1927), fusionando a los antiguos servicios policiales; la Fuerza Aérea de Chile (1930) y la Contraloría General de la República (1927), organismo que tiene por misión fiscalizar la administración financiera del Estado, y en 1929, la Dirección del Registro Electoral. En 1927 se implemento una reforma educacional que abarcó desde la enseñanza primaria hasta la universitaria, basada en la pedagogía activa, dándose especial énfasis al sentido nacionalista que esta debía tener. También se dictó la ley de autonomía universitaria, que garantizó la independencia académica y administrativa de la Universidad de Chile.

El gobierno de Ibáñez tuvo características dictatoriales, pues con la intención de imponer el orden público dispuso la prisión y el exilio de destacados dirigentes políticos y sindicales, tales como Manuel Rivas Vicuña, Agustín Edwards Mac Clure -propietario de El Mercurio-, Arturo Alessandri, Manuel Hidalgo y Carlos Labarca, a quienes consideraba sus enemigos.

Por otro lado, como era un áspero crítico de los partidos políticos, creó la Confederación Republicana para la Acción Cívica, más conocida como CRAC, grupo que fue su principal apoyo.

Como Ibáñez no contaba con apoyo político, para las elecciones parlamentarias de 1930 decidió aplicar la norma de la ley de elecciones que autorizaba a los partidos evitar la lucha electoral si todos estaban de acuerdo en los nombres de las personas que serían elegidas. Los dirigentes políticos se reunieron en las Termas de Chillan y elaboraron las listas de candidatos en un número igual al de los cargos por llenar, por lo que la elección, en la práctica, no se efectuó. Tal fue el origen del llamado congreso termal.

En el ámbito económico, cabe destacar la creación de la Caja de Crédito Minero (1927) y la Caja de Crédito Industrial (1928), instituciones que beneficiarían e impulsarían a sus respectivas actividades.

La vinculación de la economía chilena con los préstamos externos, provenientes sobre todo de Estados Unidos, financió los planes expansivos del gobierno, pero al mismo tiempo la tornó vulnerable a las variaciones económicas mundiales. La crisis mundial de 1929 reper cutió con fuerza en el país, ya que se perdieron los mercados compradores del salitre.

Ante esta situación, el gobierno creó la Compañía de Salitres de Chile -Cosach-, en la cual el Estado controlaba el 50 por ciento de las acciones. Esta iniciativa no tuvo los efectos esperados, por cuanto la compañía no fue capaz de entregar al fisco los montos estipulados.

En 1931, la crisis se hizo dramática. La banca y el comercio disminuyeron su actividad debido a la baja del poder adquisitivo. Se suspendió el pago de la deuda externa y se produjo una gran cesantía.

Ante la grave crisis, Ibáñez formó un nuevo gabinete, nombrando a Juan Esteban Montero en el Ministerio del Interior y a Pedro Blanquier en el de Hacienda.

Durante su breve permanencia como ministro, Montero restableció las libertades públicas, lo que sirvió como válvula de escape para el descontento que ya se había generalizado. Los gremios profesionales y los estudiantes se apoderaron de las calles exigiendo, en medio de el protestas violentas contra gobierno, la salida de Ibáñez.

A raíz de estas manifestaciones encontró la muerte el estudiante de Medicina Jaime Pinto Riesco, lo que agravó aún más la situación. Sobrevino la confusión, el comercio y la industria paralizaron sus actividades. El presidente se vio enfrentado a la disyuntiva de renunciar o de desatar una dura represión. Optó por lo primero, entregando el mando al presidente del Senado, Pedro Opazo Letelier (26 de julio de 1931), y se exilió en la república Argentina.



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