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El texto creó un Poder Ejecutivo fuerte, con amplias atribuciones administrativas. En este sentido, terminó con toda posibilidad de que el Parlamento influyera en la conformación de los gabinetes y estableció un claro procedimiento para las acusaciones constitucionales en contra de sus miembros.

El período presidencial fue aumentado a seis años, sin posibilidad de reelección inmediata. El Primer Mandatario se elegiría en forma directa. En caso de no alcanzar la mayoría absoluta de los sufragios, el Congreso debía decidir entre las dos primeras mayorías.

También se impidió el ejercicio de presiones parlamentarias en lo relativo a la ley de presupuesto, por cuanto se dispuso que el Congreso tuviese un plazo fijo para la discusión del respectivo proyecto de ley. Concluido este, y si el Parlamento no había terminado su estudio y discusión, se entendía por aprobado y podía ser promulgado sin mayor trámite.

De especial importancia fue el establecimiento del Tribunal Calificador de Elecciones, un organismo independiente que garantizaría la imparcialidad de los actos electorales.

Se agilizó el trámite para la realización de futuras reformas constitucionales. En el texto de 1833 se debía contar con el acuerdo de dos Congresos consecutivos. Ahora, transcurridos 60 días desde la aprobación, el Congreso debía volver a votar el proyecto en cuestión, pero sin debatirlo.

Uno de los grandes puntos conflictivos en el período que terminaba habían sido los problemas sociales. Por ello, la Constitución de 1925 garantizó el derecho a la propiedad privada, pero estableciendo que sobre él primaría la utilidad social. Así, el Estado podía proceder a expropiar un bien, pagando la indemnización correspondiente.

Por otro lado, la salud y la educación pasaron a ser deberes primordiales del Estado. El texto también garantizaba la protección al trabajo y el derecho a la previsión social.

Es importante destacar que una de las reformas más trascendentales fue la separación de la Iglesia católica y el Estado, el que pasaba a tener un carácter no confesional. Ello fue posible gracias a las gestiones realizadas por Alessandri cuando se encontraba exiliado en Italia, ocasión en que trató el tema con el papa Pío XI. Como compensación a la pérdida económica que afectaría a la Iglesia, se estableció una subvención de dos y medio millones de pesos anuales, que se pagaría durante cinco años.

Así se realizaba la vieja aspiración liberal de implantar la libertad de conciencia, siempre que no se atentara contra la moral y las buenas costumbres