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Historia de Chile: La Guerra del Pacífico.

Génesis de la guerra civil de 1891

        
La creación de la fusión Liberal-conservadora durante el gobierno del presidente Manuel Montt implicó la división del Partido Liberal. De este se escindieron algunos militantes, encabezados por Manuel Antonio Matta y Pedro León Gallo, que en 1857 formaron el Partido Radical. Esta rama del liberalismo logró su organización definitiva en 1888. Sus principales metas eran lograr la reforma de la Constitución, la libertad electoral, la autonomía municipal, la separación de la Iglesia y el Estado y el establecimiento de la enseñanza primaria gratuita y laica, bajo tuición estatal (Estado docente).

Algún tiempo después (1885), un grupo de radicales manifestó su descontento con las líneas doctrinarias de su colectividad y dio vida al Partido Demócrata, que se estableció en 1887. También fue conocido como Partido Democrático. Era una organización populista, que contó con el apoyo de los artesanos, mineros y obreros. Entre sus principales miembros destacó Malaquías Concha.

En la elección de 1886 se enfrentaron José Manuel Balmaceda, apoyado por los liberales y nacionales, y José Francisco Vergara -el fundador de Viña del Mar-, quien al poco tiempo retiró su candidatura. Balmaceda había sido uno de los más ardientes defensores del reformismo constitucional y propiciaba la implantación de un régimen parlamentario de estilo europeo, idea que abandonó en forma paulatina al desempeñar distintos cargos ministeriales y enfrentar la o-posición del Congreso.

Los principales puntos de su programa eran lograr la unidad de todos los sectores del liberalismo, neutralizar a los conservadores, restablecer la unidad nacional, desarrollar un vasto programa de obras públicas, mejorar la educación y fomentar la colonización de la Araucanía. En esto último es importante señalar que, entre 1886 y 1890, arribaron a Chile cerca de treinta mil inmigrantes europeos (franceses, italianos, suizos, españoles y alemanes).

Sin embargo, sus propósitos solo se lograron a medias. Si bien pudo normalizar las relaciones con la Santa Sede, debió enfrentar la oposición de conservadores, radicales y liberales, viéndose obligado a conformar, durante su gobierno, un total de 14 gabinetes distintos para apaciguar el ánimo de los opositores.

Por otra parte, las condiciones de trabajo de los obreros los llevaron a formar diversas organizaciones en defensa de sus intereses, como la Liga de Sociedades Obreras (1888), y a protagonizar varias huelgas en Iquique, Valparaíso, Santiago y otras ciudades, que encontraron su máxima expresión en los movimientos de julio de 1890.

La administración del presidente Balmaceda se caracterizó por la labor realizada en materia de obras públicas. Se construyeron más de mil kilómetros de vías de ferrocarril y numerosos puentes, entre los que sobresale el viaducto del Malleco, inaugurado en 1890, y que tiene 347 metros de largo y 102 metros de altura. Además, se inició la canalización del río Mapocho en Santiago. Se construyó el dique seco en Talcahuano y otras obras portuarias en distintos puertos del país; se levantaron innumerables edificios públicos, como los destinados a albergar la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, el Internado Nacional, la Escuela Militar, la Cárcel de Santiago, hospitales, etcétera. La magnitud de la tarea llevó a que en 1887 se fundara el Ministerio de Obras Públicas.

El presupuesto destinado a estas realizaciones tuvo un alto incremento. En 1886 fue de 10.263.344 pesos y para 1890 se fijó en 21.000.000 de pesos.

La obra emprendida por el gobierno de Balmaceda se basó en los ingresos que proporcionaba la industria salitrera y por ello el presidente se interesaba en su desarrollo.

En 1889 viajó a la zona salitrera, para conocer el funcionamiento de las oficinas o yacimientos y los problemas que se presentaban. En uno de los discursos que allí pronunció, señaló -manifestándose contrario al monopolio extranjero- que en su opinión sería preferible ´que aquella propiedad fuese también de chilenos´. En estricto rigor, no planteó la idea de nacionalizar las salitreras, es decir, de establecer la propiedad estatal de ellas. Defensor del liberalismo económico, Balmaceda solo propiciaba una apertura del monopolio extranjero hacia los capitales chilenos.

El entendimiento entre Balmaceda y el Congreso fue difícil, pues la oposición a su gestión había llegado a ser mayoría en ambas cámaras y cuestionaba los altos fondos destinados a obras públicas. El Parlamento, además, temía una intervención del Ejecutivo en la próxima elección presidencial, razón por la cual se mostró particularmente celoso de la actividad de los ministros de Estado.

La persistencia del Parlamento por demostrar su predominio sobre el Ejecutivo se manifestó en la continua rotativa ministerial que debió afrontar Balmaceda. Los ministros del Interior, que actuaban como jefes de gabinete, eran convocados al Congreso para que explicasen sus planes de acción. Si estos eran aprobados, el conjunto de ministros asumía en plenitud sus funciones mientras contasen con la confianza del Parlamento. Tal situación impedía llevar a cabo un gobierno normal, ya que el Presidente de la República debía cambiar de manera constante a sus más inmediatos colaboradores.

La desconfianza de los partidos llegó a su punto culminante en 1890, cuando, debido a los permanentes cambios ministeriales, Balmaceda manifestó la necesidad de reformar la Constitución para eliminar todo vestigio de parlamentarismo.

El nuevo gabinete, encabezado por Salvador Sanfuentes, fue rechazado por el Congreso. El presidente no procedió a nombrar otros ministros, argumentando que, según lo establecido en la Carta Fundamental, ellos eran de su confianza.

Planteado así el conflicto, el Legislativo se negó a discutir el proyecto de ley de contribuciones para el año siguiente. La intervención del arzobispo de Santiago, Mariano Casanova, aquietó los ánimos por un tiempo. Un nuevo gabinete, encabezado por Belisario Prats, empezó a colaborar con Balmaceda. En octubre de ese año, Prats fue reemplazado por Claudio Vicuña y luego el presidente clausuró la legislatura extraordinaria sin que se hubiesen despachado las leyes del presupuesto y la que fijaba el contingente del ejército y la marina.

La Comisión Conservadora, controlada por la oposición, urgió de manera reiterada a Balmaceda para que convocara al Congreso, pero este no cedió en su posición.


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