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Historia de Chile: La Guerra del Pacífico.

Iglesia católica y estado liberal

        
Uno de los más grandes anhelos de los liberales era poner fin al clericalismo; es decir, a la influencia que la Iglesia católica ejercía en la vida pública del país a través del ejercicio de ciertas facultades que, ajuicio de estos, debían recaer en el Estado.

En 1873, el Partido Conservador se retiró del gobierno y el presidente Federico Errázuriz Zañartu (1871-1876) buscó el a-poyo de liberales y radicales, alterándose las relaciones con la Iglesia.

Una grave disputa entre la Iglesia católica y el Estado se produjo en 1878, a raíz de la muerte del arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso.

Haciendo uso del pretendido derecho de patronato, el gobierno del presidente Domingo Santa María propuso que su cargo fuera ejercido por el canónigo Francisco de Paula Taforó, sacerdote conocido por sus simpatías hacia el liberalismo.

Como la curia de Santiago y el Partido Conservador se opusieran a tal candidatura y el gobierno la mantuviera a firme, el papa León XIII decidió enviar a Chile, con el rango de delegado apostólico, a monseñor Celestino del Frate, para que le informara de la situación. En vista de las noticias que este enviara a Roma, el pontífice decidió rechazar la postulación (1882).

La respuesta del gobierno no se hizo esperar y, a los pocos días, entregó su pasaporte al delegado, en una clara insinuación de que abandonase el país. Así se llegó a la ruptura de relaciones entre ambos Estados.

La disputa solo se resolvió durante el gobierno de Balmaceda, cuando se presentó otro candidato, el que contó con la aprobación de la Santa Sede: Mariano Casanova (1886).

Puntos centrales de las disputas fueron la supresión del fuero eclesiástico, que era el derecho que tenía el clero a ser juzgado por tribunales propios; los cementerios laicos, es decir, que todas las personas, sin distinción de credo religioso, pudieran ser sepultadas en cualquier campo fúnebre, y el matrimonio civil, celebrado ante un funcionario del Estado. Por último, se buscaba la separación entre ambas instituciones.

De todas estas aspiraciones, los liberales lograron la abolición del fuero eclesiástico, una regulación en el caso de los cementerios -que permitía sepultar en el mismo lugar tanto a católicos como no católicos- y el establecimiento del matrimonio civil.

En 1884 se creó el Registro Civil, organismo que pasó a controlar los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, que antes eran llevados por la Iglesia.

La Iglesia se opuso a cada una de estas iniciativas y se generó una ardua disputa no exenta de situaciones dramáticas, como ocurrió con los cementerios.
En este caso, los liberales aspiraban a excluir a la Iglesia de la administración de dichos recintos. En 1882, al iniciarse la discusión del
proyecto de ley sobre cementerios laicos, un diputado precisó que ´con su aprobación habremos dado el último golpe a nuestro común enemigo -la Iglesia-, que nos molesta en nuestro nacimiento, en la constitución de la familia y, aun después de nuestros días, en la puerta de los cementerios´.

A través de esa ley (1883), se prohibió la inhumación de restos al interior de las iglesias. La autoridad eclesiástica, entonces, decretó la execración de los cementerios laicos; es decir, se levantaba su condición de campo santo. El Estado respondió clausurando el Cementerio Católico, medida con la que pretendía obligar a quienes profesaban esa religión a enterrar a sus muertos en el Cementerio General.

Pese a la prohibición, las sepultaciones no se detuvieron y las autoridades se vieron obligadas a desarrollar lo que se ha conocido como cacería de muertos, para dar cumplimiento a las disposiciones legales, produciéndose macabras escenas.






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